El Concejo de Bogotá es un escenario particular: es una importante autoridad civil de la ciudad, cumple funciones de control político y tiene iniciativa normativa (esto quiere decir que puede proponer proyectos de acuerdo que rijan en la ciudad) Su trabajo es fundamental para aprobar instrumentos necesarios para el gobierno de la ciudad como el Plan de Desarrollo, los presupuestos anuales, los cambios en la estructura administrativa del distrito, la definición de usos de suelos, la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial y los debates sobre temas fundamentales para la ciudad
La dinámica electoral del Concejo es bastante compleja, en ella depende en buena manera la cantidad de personas que vota únicamente por el partido (en todos los partidos con voto preferente el partido tiene una de las tres votaciones más altas). Además, la dificultad para hacer una campaña distrital y las pocas posibilidades de reconocimiento en toda la ciudad hace que los concejales concentren su actividad proselitista en algunos sectores y nichos electorales de la ciudad.
Los partidos, en general, apuestan por una combinación entre candidatos que cuentan con redes locales de apoyo (en general, ediles con alto reconocimiento y antiguos concejales) con personas de alto reconocimiento público. Así, casi todos los partidos tienen cabezas visibles mediáticamente que los ciudadanos pueden reconocer fácilmente por sus apariciones y posiciones públicas y otros que dedican su buena parte de su tiempo a alimentar y fomentar sus redes de apoyo al interior de los barrios y localidades.
El problema que esto genera es que la visibilidad de buena parte de lo que sucede en el Concejo es apenas conocido por la opinión. La Encuesta de Percepción Ciudadana que aplicamos en la ciudad desde 1998 nos ha demostrado que el reconocimiento del Concejo es bajo, aunque el 80% de los ciudadanos dicen conocerlo, apenas la mitad saben a qué se dedica. Más preocupante aún, resulta el hecho de que en el 2012 el 63% de los ciudadanos tiene una mala imagen del Concejo y apenas el 11% creen que la institución cumple una buena labor.
La relación del Concejo con las administraciones de Bogotá ha pasado por diferentes momentos de confrontación, trabajo en equipo y, también, de negociación ilegal de beneficios para favorecer intereses particulares. El caso más emblemático es el que llevó a la cárcel al ex alcalde Juan Martín Caicedo y que dio detención a un concejal e investigaciones contra 30 concejales y ex concejales en 1992. El proceso fue denominado el “carrusel de los auxilios” por cuenta de más $1.600 millones de pesos apropiados como auxilios a los concejales, algunos de los cuales resultaron detenidos como el concejal Francisco Velásquez y libres bajo fianza concejales como Dimas Rincón (entonces presidente de la corporación), Martha Isabel Luna, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca y Telésforo Pedraza.
La historia parece repetirse, en este momento hay investigaciones penales y/o disciplinarias contra 17 concejales y ex concejales de Bogotá, cuatro de ellos ya surtieron (o están en proceso de surtir) imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los procesos se adelantan contra miembros de los partidos de “La U”, Cambio Radical, Liberal, Polo Democrático, Verde, PIN y Conservador. Además, el ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano y varios de sus funcionarios se encuentran en procesos penales por el llamado “carrusel de la contratación”.
En los dos carruseles parece haber una diferencia fundamental: el valor que la ciudadanía le ha dado a los escándalos. El hastío de la corrupción ha hecho la respuesta de la ciudadanía sea muy importante y que organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación se preocupen no solo por el desempeño de los concejales sino por las responsabilidades que les corresponden a ellos y a los partidos políticos por los escándalos.
Desde Bogotá Cómo Vamos, a través del área Concejo Cómo Vamos hacemos un seguimiento atento al Concejo de Bogotá, nuestra metodología hace seguimiento, monitoreo y evaluación al Concejo y al ejercicio de los concejales. No tenemos la capacidad de rastrear actos de corrupción, porque nuestro objetivo fundamental es la evaluación de la calidad de vida de la ciudad. Sabemos que nuestro trabajo ha servido como referente pero estamos dispuestos a evaluar mejor la forma como medimos el impacto del trabajo del Concejo en los avances en la calidad de vida de la ciudad.
