Omar Oróstegui Restrepo
Director Bogotá Cómo Vamos
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Cada vez existe mayor consciencia de la necesidad de empujar a las grandes ciudades hacia la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud de sus habitantes, a fin de armonizar el desarrollo urbano con el bienestar ciudadano.
Bogotá está dando pasos en ese sentido. Dos muy buenos ejemplos son la sanción del Acuerdo 732 de 2018 que promueve la movilidad eléctrica y las tecnologías cero emisiones en la ciudad y la reciente aprobación en el Concejo, en primer debate, de un proyecto que ordena que en los pliegos de condiciones o términos de referencia de la contratación de obras públicas, por parte de las entidades del Distrito, se prohíba el uso de la fibra del asbesto en las materias primas.
La exposición a este material, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “causa cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma (cáncer de pleura o peritoneo) y asbestosis (fibrosis pulmonar)”, hechos que no se pueden pasar por alto.
En el país, 9 municipios se han dado la pela por prohibir su uso en los contratos de obra pública: El Colegio (Cundinamarca); Chivatá, Samacá, Tibasosa, Villa de Leyva, Moniquirá y Duitama (Boyacá) y Lorica (Córdoba).
Esta iniciativa llega ahora al Concejo de Bogotá y aunque todos coinciden en la importancia de aprobarla, por su impacto en la salud pública, han surgido reparos alrededor de la competencia legal del Cabildo para regular el tema y de la aparente restricción del proyecto al ‘libre desarrollo’ de la actividad económica en la capital.
Más allá de dichas consideraciones, este tipo de iniciativas contribuyen al propósito de consolidar ciudades amigables con el medio ambiente y sintonizadas con la promoción de una mejor calidad de vida de sus habitantes. Bienvenidas estas y otras propuestas, pues su inserción en la agenda pública abona el camino para actuar en favor de la salud de los capitalinos y la preservación de su entorno.
* Columna de opinión del director publicada en el diario ADN
