Algunos concejales han advertido que el Distrito no ha hecho pedagogía sobre la manera en que debe hacerse la separación de residuos para el reciclaje desde la fuente, con el propósito de disminuir el volumen de basuras que llega diariamente al relleno sanitario Doña Juana.
El 12 de febrero pasado inició en Bogotá un nuevo esquema de aseo, cuya puesta en marcha quedó a cargo de cinco operadores privados, distribuidos en igual número de áreas exclusivas.
Su arranque, sin embargo, estuvo lleno de tropiezos. Las calles de la ciudad se llenaron rápidamente de basura durante los días previos e incluso posteriores a su implementación. La capital vivió, entonces, una ‘emergencia sanitaria’, que para algunos concejales comenzó con el cese de operaciones de los empleados de la empresa Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que venía prestando el servicio de aseo desde 2013 y quedó por fuera del nuevo modelo.
La ‘crisis de las basuras’ llevó al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a suspender, por tres meses, a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP-, Beatriz Elena Cárdenas. Las razones: permitir el inicio del nuevo esquema sin que los operadores estuvieran listos; activar, de manera improvisada, un plan de contingencia para afrontar la emergencia y tener poca claridad sobre la inclusión de los recicladores en el modelo de aseo que entró en operación.
La emergencia sanitaria que vivió la ciudad tuvo un costo de $370.000 millones, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB.
El año pasado, diferentes concejales, entre ellos Xinia Navarro, solicitaron a la Administración Distrital evaluar la situación de Aguas de Bogotá, luego de que no fuera incluida en el proceso licitatorio al no obtener las pólizas que exigía la licitación, las cuales le fueron negadas por las 19 compañías aseguradoras a las que acudió. Al quedar por fuera, un poco más de 3.000 personas quedaban sin empleo.
De los 3.277 empleados que tenía Aguas de Bogotá solo 711 autorizaron el tratamiento de datos, de manera que los nuevos operadores pudieran contactarlos para una eventual contratación.
“La situación que vivió Bogotá en el año 2012, por cuenta de la entrada en operación de la empresa Aguas de Bogotá, fue producto de un acto arbitrario de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en cabeza del entonces Alcalde Mayor, Gustavo Petro, como lo afirmó en su sentencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre del 2017” dijo, por su parte, la concejal María Victoria Vargas. La cabildante agregó que la anterior Administración no consultó al Concejo de Bogotá para facultar a la EAAB en la prestación del servicio de aseo e hizo hincapié en la ilegalidad del origen de Aguas de Bogotá.
La polémica revivió semanas atrás por cuenta de una nueva emergencia sanitaria, similar a la que se presentó a finales de 2012 y que en su momento desembocó en la destitución, por parte de la Procuraduría, del alcalde Gustavo Petro. Para ese entonces, el procurador Alejandro Ordóñez consideró que hubo irregularidades en la implementación del nuevo esquema aseo al asignar la prestación de dicho servicio a dos entidades “sin experiencia ni capacidad” -la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial, Aguas de Bogotá-, por vulnerar la libre competencia y por no cumplir con la obligación de impedir la ‘fuga de fluidos’ de las basuras, al usar volquetas para recoger la basura y no los carros estipulados para este proceso.
Algunos concejales afirmaron que esta nueva ‘crisis de las basuras’ surgió no solo por el paro que inició Aguas de Bogotá el 31 de enero sino porque los operadores y la Administración no previeron la emergencia, dado que los primeros no contaban con el número de personas ni de vehículos necesarios para la recolección de los desechos.
Incluso, advirtieron que una vez conocida la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la EAAB le había informado al tribunal que, de hacer efectivo el fallo, el servicio de recolección se vería afectado. Sin embargo, no se tomaron cartas en el asunto luego de dicha advertencia.
La EAAB en cabeza de su gerente, María Carolina Castillo, ha insistido en que sí se diseñaron acciones frente a una eventual emergencia por el cambio de modelo, entre ellas, la inclusión de los trabajadores de Aguas de Bogotá en los pre-pliegos de la licitación y mesas de trabajo con la Personería (con el fin de establecer estrategias de reubicación) y el diseño de un plan de emergencia y contingencia que fue enviado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en diciembre de 2017.
La UAESP, por su parte, aclaró que los nuevos operadores sí tenían planes operativos y de emergencia en sus rutas de operación. Según la entidad, la situación ya está bajo control y aseguró que entre el 5 y el 10 de marzo, por ejemplo, se recolectaron 6.512 toneladas de basuras al día, cuando el promedio normal es de 6.300 toneladas diarias.
La inconformidad, sin embargo, continúa. Los concejales afirman que la emergencia sanitaria no se ha superado por completo y que persiste una operación poco eficiente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.
También han advertido que el Distrito no ha hecho pedagogía sobre la manera en que debe hacerse la separación de residuos para el reciclaje desde la fuente, con el propósito de disminuir el volumen de basuras que llega diariamente al relleno sanitario.
