Algunos concejales consideran que su implementación no ha resuelto la congestión en los servicios de urgencias y ha llevado al cierre de servicios médicos especializados. Sus defensores creen que ha organizado el manejo de los recursos de la red pública, reduciendo la corrupción.
En marzo de 2016, el Concejo de Bogotá le dio vía libre a un nuevo modelo de salud pública para la ciudad. Con él, se creó la Red Integrada de Servicios de Salud, que reorganizó los 22 hospitales del Distrito en cuatro subredes (Sur, Norte, Sur Occidente y Centro Oriente), a fin de que trabajaran de forma coordinada y complementaria, sin competir por la atención de los usuarios.
También se aprobó la entrada en operación de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) para atender situaciones de baja complejidad médica y descongestionar, así, los servicios de urgencias. De 40 proyectados, 10 se han puesto en marcha, según las cuentas de la Administración.
El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, ha insistido, en distintos medios, que el revolcón está poniendo fin, de manera paulatina, al hacinamiento en las salas de urgencias y a los trámites y autorizaciones engorrosos. Así mismo, que está creando más opciones de servicios para los pacientes. Incluso, ha dicho que al acabar con las 22 gerencias de hospitales y conformar un solo equipo directivo por subred, se logró la unificación de contratos y un mayor control sobre los recursos públicos del sector.
Para los cabildantes, sin embargo, no todo es color de rosa. En los últimos meses, han realizado fuertes debates de control político en el recinto del Concejo sobre la viabilidad del modelo, a más de un año de su aprobación. Hay quienes afirman que ha sido un fracaso rotundo. Otros, que sí muestra avances en la calidad de la prestación de servicio, a pesar de ciertas deficiencias.
Algunos concejales han ido lejos en sus denuncias, al afirmar que el nuevo modelo ha ocasionado el cierre de servicios médicos especializados (entre ellos, pediatría y ginecología, hecho que la Administración) y ha desembocado en despidos, déficit de especialistas, escasez de medicamentos y demora en la asignación de citas. A estos cuestionamientos se suman las quejas de algunos médicos y empleados que también han denunciado cierre de servicios y despidos, lo cual niega la Administración.
Los críticos también afirman que el nuevo modelo ha traído ineficiencias en la prestación de los servicios de salud debido, en gran parte, a la tercerización de los contratos del personal médico.
“Hemos encontrado hacinamiento en los servicios de urgencias, particularmente en la subred sur, así como escasez de especialistas en las subredes sur y suroccidente”, afirmó, al respecto, el concejal Jorge Durán.
Cifras del sector
En los distintos debates realizados por la Corporación, se han dado a conocer cifras como: 12.761 requerimientos ciudadanos en temas de salud, a través de la línea 143, en el primer semestre del año; disminución del presupuesto asignado para el sector (de 14,93%, en 2016, a 12,57%, en 2017) y persistencia en el alto porcentaje de hacinamiento en los servicios de urgencias de los siguientes hospitales: Tunal (279%), Meissen (345%), Engativá (121%), Kennedy (160%), Santa Clara (115%) y La Victoria (145%).
“Esta reestructuración ha sido un fracaso porque desmanteló la estrategia de territorios saludables, componente clave de prevención y promoción en salud que garantizaba una descongestión de los servicios de la red hospitalaria; produjo una reconcentración de la gestión de los hospitales y el cierre de servicios especializados en varios hospitales”, denunció el concejal Antonio Sanguino.
A estos argumentos se sumaron los del cabildante Edward Arias, quien expuso que los recursos no están fluyendo de manera óptima para las distintas subredes, lo cual va en detrimento de los gastos de funcionamiento e inversión que requiere cada hospital.
La concejal Luz Marina Gordillo, por su parte, defendió el revolcón en la salud y aseguró que, en sus reuniones con ciudadanos, ha sido testigo de la complacencia de los usuarios por la rapidez en la entrega de medicamentos y la prioridad y oportunidad en la atención médica. Los defensores también afirman que se ha reducido la contratación de personal en un 39%, lo cual significa menos burocratización y ahorro de recursos para la ciudad.
Según el Secretario de Salud, con la declaratoria de la emergencia sanitaria, se ha logrado en la red pública la disminución, en un 79%, del hacinamiento ocupacional de camillas en servicios de urgencias (al pasar del 250% al 171%) y un ahorro superior a los $ 4.000 millones mensuales en gastos de administración en las subredes, al unificar las necesidades en las Unidades de Servicios de Salud (USS).
El nuevo modelo, dice la Administración, está fundamentado en las directrices de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según las cuales “las Redes Integradas de Servicios de Salud pueden mejorar la accesibilidad del sistema, reducir la fragmentación del cuidado asistencial, mejorar la eficiencia global del sistema, evitar la duplicación de infraestructura y servicios, disminuir los costos de producción y responder mejor a las necesidades y expectativas de las personas”.
Sin embargo, dicha distribución en subredes, según varios cabildantes, puede comprometer la prestación del servicio al no estar orientada, necesariamente, hacia la concepción de la salud como un derecho fundamental.
Hoy, en el régimen subsidiado –población que atiende la red de hospitales públicos- existen 1’166.823 bogotanos afiliados, que representan el 14,6% de la cobertura de aseguramiento en la capital.
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2016, realizada por el programa Bogotá Cómo Vamos, solo el 40% de los capitalinos se sienten satisfechos con el servicio de salud que reciben. Al mirarlo por zonas, se encuentra que apenas el 37% está conforme con este servicio en la zona suroriental de la ciudad (Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal), el 38% en la zona centro (Puente Aranda, Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe) y otro 38% en la zona sur-occidente (Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolívar).
Frente a este panorama, es indudable que los retos del sector seguirán siendo enormes y que el sistema de salud en Bogotá continuará siendo objeto de debate y de control político en el Concejo Distrital y entre los ciudadanos.
