- El cambio en el contrato de la primera línea metro de Bogotá, como propone el gobierno nacional, implicará sobrecostos para los bogotanos que tendrán que ser pagados por, al menos, una década más.
- Modificar el contrato actual de la PLMB implicaría faltar a principios de contratación estatal. Lo anterior, no sólo podría acarrear la nulidad del contrato, sino también la parálisis del proyecto perdiéndose el 18% de avance de la obra y los $1.3 billones que ya fueron invertidos.
- Resulta injusto condicionar el desarrollo de infraestructura planeada en la ciudad por un valor aproximado de 65 billones de pesos a la voluntad, sin suficiente justificación técnica y financiera, de soterrar la primera línea del metro por parte del gobierno nacional, sobre todo si se considera el principio democrático de autonomía y el hecho de que Bogotá aporta el 25% del PIB nacional.
Bogotá, 3 de febrero de 2023. El Ministro de Transporte ha anunciado que, si no se lleva a cabo la sugerencia de cambio en el metro, el gobierno nacional impondrá restricciones en la financiación de otras obras de movilidad estratégicas en Bogotá con un costo cercano a los $65 billones incluyendo: el RegioTram del norte, los tres Transmicables (Reencuentro-Monserrate, Potosí-Sierra Morena y San Cristobal), la ampliación de la línea 2 del metro, la ampliación de calles 13 y 7, la Avenida Ciudad de Cali, la Autopista Norte y la ALO Sur.
El cambio en el trazado del metro, de elevado a subterráneo, requiere una modificación en las condiciones técnicas del contrato y, por lo tanto, en el objeto y alcance del mismo. Esto podría resultar en un retraso de 10 años o más en el progreso del proyecto.
Los conceptos jurídicos positivos para las modificaciones propuestas por el gobierno nacional son débiles en definir con claridad la razón de peso que dé cuenta de la imposibilidad de cumplir con el contrato actual y por la cual se plantean las modificaciones en el trazado de la primera línea del metro. Los argumentos solo se remiten a “favorecer el interés público”, pero si lo anterior implica no apoyar los otros proyectos de infraestructura planeados, es el bien común de Bogotá el que se vería afectado.
En conclusión, cualquier modificación en el trazado afectaría el proyecto y tendría implicaciones, fiscales, pecuniarias, disciplinarias y hasta penales. Incumplir el metro entierra la posibilidad de mejorar la movilidad en Bogotá.