Durante las sesiones del 23 y 24 de noviembre se realizó el primer debate sobre el cambio al reglamento interno del Concejo de Bogotá. Esta proposición, de autoría de los concejales Samir Abisambra y Samuel Arrieta, contó con ponencias positivas de los concejales Diego Laserna y Carlos Carrillo.

El Proyecto de Acuerdo tuvo tres puntos de discusión principales: la acumulación de proposiciones, la duración del periodo de secretarios y subsecretarios y la revisión de recusaciones por parte de la mesa directiva.

En el primer artículo, sobre el orden de las intervenciones durante los debates, se definió que se agregarían parágrafos al artículo 43 del reglamento. En estos parágrafos se define que para acumular proposiciones se deben cumplir las siguientes condiciones:

• No se pueden acumular proposiciones una vez se haya citado el debate.
• Solo se pueden acumular proposiciones priorizadas.
• Solo puede haber una proposición acumulada por bancada.

En el artículo 2 se definió ampliar el periodo de los secretarios y subsecretarios a dos años, de manera que la convocatoria y elección de estos funcionarios se realizará solo dos veces durante el periodo del Concejo. Esto se decidió después de debatir las propuestas del concejal Laserna, quien proponía que el periodo fuera de cuatro años, y la propuesta del concejal Arrieta, quien proponía que la duración se mantuviera como está actualmente.

En el último artículo se discutía el sistema de recusaciones dentro del concejo, se buscaba que el proceso fuera más expedito y que tuviera menos influencia en el desarrollo de los debates. El concejal Carrillo argumentaba que este no era un tema que pudiera debatirse, e incluso dijo que era abiertamente ilegal, puesto que era producto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una norma de mayor jerarquía a las del concejo. Por su parte, el concejal Laserna propuso que las recusaciones fueran aprobadas o rechazadas de manera unánime por la Mesa Directiva del Concejo.

Esta propuesta fue rebatida con el argumento de que nunca se llegaría a un consenso entre los miembros de la mesa, y que la recusación como herramienta de control se vería ampliamente afectada. Se llegó al acuerdo de que las recusaciones serían revisadas previamente por la Mesa Directiva y serían aprobadas o rechazadas mediante mayoría en esta instancia porque se entiende que la presencia de un miembro de la oposición en la Mesa Directiva garantiza la diversidad de opiniones y consideraciones.

El proyecto de acuerdo fue aprobado con modificaciones para ser discutido en segundo debate en plenaria.