Días atrás, el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció la expedición de un decreto que contempla, entre otras medidas, la prohibición de desalojar a cualquier familia que se encuentre en mora en el pago del arriendo, así como el congelamiento de los cánones de alquiler durante la cuarentena, hasta dos meses después de culminado el aislamiento.
La decisión tiene lugar después de conocerse un hecho polémico en medio de esta emergencia sanitaria: el desalojo de dos adultos mayores y su nieta en el sector de Kennedy, acto que reprochó, públicamente, la Alcaldesa Claudia López.
En Bogotá, según datos de la Encuesta Multipropósito 2017, el 45% de los hogares vive en arriendo. Nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana 2019 nos muestra cifras similares: el 44% de los bogotanos afirma residir en una vivienda arrendada.
Al desagregar los datos, vemos que en los estratos socioeconómicos más bajos predominan los arrendatarios. En el estrato 1, por ejemplo, el 44% de los hogares vive en arriendo; en el estrato 2, el 50% y en el estrato 3, el 48%. En el caso de los estratos 4, 5 y 6, los porcentajes son 34%, 27% y 26%, respectivamente.
En las localidades de Tunjuelito, Los Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe se concentra la mayor proporción de hogares que reside en alquiler.
Sin duda alguna, la decisión gubernamental de prohibir la expulsión de arrendatarios, sumada a los apoyos económicos que entregará el Distrito a 350.000 hogares pobres y 150.000 vulnerables de la ciudad, ayudarán a mitigar los efectos negativos del aislamiento social obligatorio que, posiblemente, deba extenderse para contener la expansión del Covid-19.
Los bonos, transferencias y ayudas en especie deberán continuar en el mediano plazo mientras superamos esta emergencia sanitaria, pues, con el confinamiento, se busca salvar vidas.
Por: Omar Oróstegui Restrepo | Director Bogotá Cómo Vamos
director@bogotacomovamos.org
* Columna de opinión del director publicada en el diario ADN
