Bogotá, jueves 2 de julio de 2026
En un momento en el que la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las y los colombianos y ocupa un lugar central en el debate electoral, la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Plataforma Abierta de Seguridad, Paz y Justicia presentaron una hoja de ruta con cuatro reformas prioritarias para fortalecer la seguridad, la justicia y las capacidades institucionales del Estado durante el próximo cuatrienio.
La iniciativa, construida con el respaldo de expertos, centros académicos y organizaciones de la sociedad civil, busca trascender la coyuntura electoral y convertirse en una agenda de Estado. Las organizaciones hacen un llamado al presidente electo y a quienes integrarán el próximo Congreso para que incorporen estas recomendaciones a sus programas de gobierno y agendas legislativas.
“La seguridad y la justicia no pueden seguir dependiendo de soluciones de corto plazo ni de los ciclos políticos. Colombia necesita una visión compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo que permita impulsar reformas sostenibles, fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana por la seguridad y el acceso a la justicia que esperan los colombianos”, señaló Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.
La propuesta es el resultado de un trabajo conjunto entre la Red de Ciudades Cómo Vamos, ProBogotá Región, el Laboratorio de Política Criminal, la Universidad EAFIT, el Observatorio Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC) y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED), junto con distintas organizaciones y expertos de la sociedad civil y el sector privado, que coinciden en la necesidad de avanzar hacia una política de seguridad y justicia basada en evidencia, con metas claras y capacidades institucionales sólidas.
La urgencia de esta discusión es evidente. Los análisis de la Red de Ciudades Cómo Vamos muestran que la seguridad se mantiene entre los principales problemas identificados por la ciudadanía. A ello se suman el crecimiento de distintos fenómenos criminales en varias regiones del país y los bajos niveles de denuncia, que limitan la capacidad del Estado para responder a los delitos y afectan la confianza en las instituciones.
Cuatro reformas para una agenda de Estado
La hoja de ruta plantea cuatro líneas de acción prioritarias que requieren liderazgo presidencial, respaldo legislativo y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La primera aborda el financiamiento de la seguridad ciudadana. Hoy los recursos de municipios y departamentos dependen en buena parte del 5 % sobre los contratos de obra pública, una fuente que varía hasta en un 40 % de un año a otro e impide cualquier planificación estratégica. La propuesta plantea un modelo multinivel —nacional, departamental y municipal— sustentado en fuentes tributarias estables y predecibles, con distribución de recursos según la urgencia de cada territorio y con participación ciudadana en las decisiones de inversión. El objetivo es que la prevención del delito y el fortalecimiento institucional dejen de depender del ciclo de la obra pública.
La segunda propuesta plantea actualizar la Ley de Inteligencia (Ley 1621 de 2013) bajo una premisa fundamental: una inteligencia eficaz no es incompatible con la protección de los derechos fundamentales; por el contrario, depende de ella. Colombia necesita fortalecer su capacidad para anticipar y enfrentar amenazas, al tiempo que garantiza mayores mecanismos de control, supervisión y transparencia sobre el uso de estas herramientas. La legislación vigente no responde plenamente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de vigilancia digital ni al uso de inteligencia artificial. Asimismo, la propuesta contempla adelantar las acciones necesarias para que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recupere su membresía en el Grupo Egmont, fortaleciendo los estándares internacionales de cooperación e intercambio de información financiera indispensables para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y otras economías ilícitas.
La tercera propuesta busca transformar el sistema penitenciario y carcelario colombiano bajo una premisa respaldada por la evidencia: la capacidad de disuasión depende más de la certeza de la sanción que de su severidad. En otras palabras, aumentar el número de personas en prisión, sin mejorar la calidad de la intervención estatal ni las oportunidades de reintegración, no se traduce automáticamente en más seguridad para los ciudadanos. En un contexto marcado por un hacinamiento cercano al 29% y por un Estado de Cosas Inconstitucional que persiste desde 1998, la propuesta plantea una intervención integral en los tres momentos del sistema: el ingreso, mediante la revisión periódica de las medidas de detención preventiva; la permanencia, a través de alternativas a la privación de la libertad para delitos de menor lesividad; y la salida, fortaleciendo el acompañamiento y la reintegración de las personas liberadas, un apoyo que hoy no recibe cerca del 75% de quienes egresan del sistema penitenciario.
La cuarta reforma busca que la justicia concentre sus esfuerzos en los delitos y estructuras criminales que generan mayor impacto sobre la seguridad y la economía del país. Para lograrlo, propone fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, consolidar la jurisdicción agraria, mejorar la atención de las violencias basadas en género y crear capacidades especializadas —como tribunales y esquemas de protección para víctimas y testigos— que permitan enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
Un llamado a quienes tomarán las decisiones
Las organizaciones promotoras enfatizan que muchos de estos cambios requieren ajustes normativos, reformas legales y decisiones presupuestales que solo serán posibles mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
Por ello, hacen un llamado al próximo Gobierno Nacional, a los partidos políticos y a los futuros congresistas para que la seguridad y la justicia se discutan con profundidad, rigor técnico y visión de largo plazo durante la campaña electoral y, posteriormente, en la construcción de la agenda legislativa y de gobierno.
“La ciudadanía necesita conocer cómo el próximo gobierno construirá las mayorías políticas en el Congreso y las capacidades institucionales necesarias para avanzar en el desarrollo de estas propuestas necesarias para fortalecer las condiciones de seguridad y acceso a la justicia. Las soluciones requieren liderazgo presidencial, pero también compromiso legislativo y acuerdos de largo plazo”, concluyen las organizaciones.
La Plataforma Abierta de Seguridad, Paz y Justicia continuará promoviendo espacios de diálogo, análisis e incidencia para que estas recomendaciones contribuyan a una política pública más efectiva y sostenible, centrada en transformar las condiciones de seguridad y acceso a la justicia de los colombianos.
Laura Ospina
Coordinadora de Comunicaciones
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