Los asentamientos informales no son una situación nueva y, aunque hay programas, todavía se requiere seguir trabajando para reducir y acabar esta situación. Desde hace décadas se realizan programas para mejorar la calidad de vida de quienes se asentaron informalmente en sectores marginales de la ciudad, con alto riesgo de vulnerabilidad y pobreza.
La idea con esta iniciativa es llevar a los habitantes de estos lugares mejor cobertura y calidad de servicios públicos, crear vías y ofrecerles acceso al transporte público, salud y educación.
Pero como el problema es extenso, la priorización de recursos y programas se realiza a través de las Áreas Prioritarias de Intervención (API). La actual Administración propuso intervenir 24 API en Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y Usme; y en 15 de ellas se arreglaron 252 segmentos viales y se intervinieron 18 parques públicos, beneficiando a 1.741 hogares , según el balance de la Secretaría Distrital de Hábitat. Tarea loable pero insuficiente.
Muchos esfuerzos se pierden porque hay un círculo vicioso. Más tarda el Distrito en recuperar los espacios que en volver a ser habitados por otras personas con los mismos o peores problemas. Además, no se hace una evaluación de impacto para saber qué tanto ha mejorado la calidad de vida de los sectores que se intervinieron. Hay que hacerla.
Se deberían crear políticas que eviten nuevas invasiones, aumentar el presupuesto –hoy escaso–, articular las instituciones distritales –no trabajan en equipo– y realizar alianzas público privadas cuyo apoyo ayudará a fortalecer el mejoramiento de los barrios. Además incrementar la inversión en mejoramiento de vivienda.
El proyecto tendrá que hacer parte del Plan de Ordenamiento Territorial pues es fundamental crear una normatividad que facilite la acción en las zonas prioritarias y regule el uso del suelo. Todo un reto para la próxima administración.