Emergencia en cárceles

La Defensoría del Pueblo solicitó al presidente Juan Manuel Santos que evaluara la posibilidad de declarar estado de emergencia social en las cárceles. La preocupación se da tras el incontrolable hacinamiento y la falta de atención en salud que viven los internos de diversos centros carcelarios del país.

El más reciente informe del Inpec muestra que el hacinamiento en las 20 cárceles más importantes de Colombia es del 91% y en Bogotá de 46%. Este problema trae consecuencias como la la vulneración de los derechos humanos de hombres y mujeres recluidos en las cárceles, la inseguridad  para los ciudadanos que viven en los barrios circunvecinos a estos establecimientos, y el alto riesgo de amotinamiento y fugas.

El panorama es complejo y aunque se han planteado soluciones para dar respuesta al hacinamiento, aún no son claras. En el caso de Bogotá, en el Plan de Desarrollo presentado ante el Concejo, que debe ser aprobado a final de este mes, se propone la reubicación de las cárceles Modelo y Buen Pastor, un proyecto que debería tener en cuenta la coordinación con la Nación y la Gobernación de Cundinamarca. No obstante no especifica cómo se va a dar esa tarea.

Aspectos como la financiación y la consecución de los predios para la reubicación de las dos cárceles son claves. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo se plantea que estos proyectos se harán con recursos provenientes de las Alianzas Público Privadas APP, ya que los recursos propios son limitados. A pesar de las bondades de las APP, aún presentan dificultades en su puesta en marcha, por lo que se podría dilatar la ejecución de estas obras y por ende, se seguiría aplazando esta problemática.

Por lo tanto el documento del Plan debería presentar una estrategia más clara de articulación de política pública y financiera con la Nación y el departamento,  para que la construcción de las cárceles sea un proyecto prioritario y realizable en el futuro inmediato.