Financiar el transporte público en Bogotá, cifras y alternativas 

Es vital comprender las cifras detrás del sistema de transporte público en Bogotá. Durante un mes típico en 2023, este sistema moviliza a más de 90 millones de personas, lo que equivale a alrededor de 3 millones de usuarios al día.

Recientemente el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta en sus redes sociales: financiar el transporte público por medio de un incremento en la factura de la luz. Aunque el mandatario no proporcionó detalles, la publicación logró dirigir la atención pública hacia un tema crucial que hemos estado subrayando en Bogotá Cómo Vamos. Hace tres meses convocamos el foro “Cómo financiar el transporte público en Bogotá y no morir en el intento”, cuyas conclusiones siguen siendo fundamentales para esta discusión de ciudad.   

Es vital comprender las cifras detrás del sistema de transporte público en Bogotá. Durante un mes típico en 2023, este sistema moviliza a más de 90 millones de personas, lo que equivale a alrededor de 3 millones de usuarios al día. La magnitud de su operación es simplemente asombrosa, y esto conlleva un gasto igualmente impresionante, estimado en 5.4 billones de pesos para este año. El 45% de este costo es asumido directamente por los usuarios al validar sus tarjetas, mientras que el 55% restante se «subsidia» a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), financiado con recursos públicos. 

 

Cuando se celebró el foro en junio, la situación del FET era crítica, ya que el dinero disponible solo alcanzaba hasta octubre, y se necesitaban alrededor de 600 mil millones de pesos adicionales para cubrir el año completo. Esto era especialmente preocupante porque el Distrito ya había aportado 800 mil millones adicionales a los 1.6 billones iniciales del año. Sin embargo, se anunció recientemente que el déficit sería cubierto por el gobierno nacional gracias a la Ley de Adición Presupuestal. 

Es importante destacar que subsidiar el 55% de la operación no es una situación atípica; ciudades como Ciudad de México, Santiago de Chile y Sao Paulo también tienen sistemas de financiación similares. El problema en Bogotá radica en que no estábamos acostumbrados a esta realidad. En 2019, el costo total de la operación era un 60% menor que en 2023. Varios factores, como el aumento de la flota, la transición hacia energías limpias (que conlleva costos elevados), las condiciones macroeconómicas y la evasión, han contribuido al aumento de los costos operativos. Sin embargo, la principal razón es la pandemia y su impacto en Transmilenio. Durante la pandemia, el FET pasó de cubrir el 30% de la operación en 2019 al 65% en 2020. Gestionar eficazmente los recursos ha sido un desafío, y si no se encuentran alternativas de financiamiento, el problema seguirá creciendo. 

La propuesta del presidente es tan solo una de las opciones, y dada la complejidad del asunto, es probable que se requiera de diversas fuentes para resolver a largo plazo. Una de ellas podría ser el uso de los instrumentos de captura de valor. Esto significa, en palabras simples, que el Estado recupere el valor adicional del suelo que genera cuando construye un proyecto de transporte público y que dirija estos recursos bien sea a la construcción misma del proyecto o, en este caso, a la operación del sistema. Otras un poco más impopulares entran en fricción con los vehículos particulares al dirigir recursos pagados por los dueños de carros y motos hacia la financiación del transporte público; estas incluyen los cargos por congestión vehicular, sobretasas a la gasolina, pico y placa solidario e incluso el pago por parqueo en vía que ya está siendo implementado y cuyas utilidades se están destinando a subsanar el déficit. Adicionalmente, el marco legal colombiano ahora le permite a la nación no solo cofinanciar obras de movilidad, sino también la operación. 

Con tantas alternativas de financiamiento, es esencial que se evalúen rápidamente, ya que esta cuestión va más allá de lo puramente económico: el transporte público es un servicio esencial. No solo contribuye a la movilización de los y las ciudadanas, también hace efectivo el derecho inherente al goce y disfrute de Bogotá, el Derecho a la Ciudad. Afortunadamente, este tema se encuentra en el centro de la discusión durante la temporada electoral, y los candidatos a la alcaldía se verán obligados a abordarlo. Sin duda, este será uno de los desafíos más significativos para el próximo mandatario de la ciudad.