Durante la primera semana de mayo en el Concejo de Bogotá fueron llevados a cabo debates de control político y exposición de proyectos de acuerdo;
los temas relevantes durante la semana fueron: educación, personas con discapacidad y persona mayor.
Proyectos de acuerdo
En Plenaria se aprobaron y pasan a sanción del Alcalde los proyectos de acuerdo 061 de 2014 “por medio del cual se convoca a elección de los jueces de paz y de reconsideración en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” y el 088 de 2014 “por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor para que afilie a la ciudad de Bogotá a la Asociación Colombiana de ciudades capitales”. El primer proyecto cuenta con un presupuesto que no genera impacto fiscal en la ciudad, por cual se solicitó a la Administración Distrital realizar la elección de los Jueces de Paz en el menor tiempo posible. En cuanto al segundo proyecto, su ponente María Victoria Vargas (Liberal) apoyó la iniciativa agregando en el articulado un parágrafo en el que se incluya una rendición de informes sobre las acciones que se adelanten en dicha asociación.
Por otro lado, se discutieron las objeciones presentadas por el Alcalde al proyecto de acuerdo de autoría del Partido de “la U” “por medio del cual se establecen mecanismo de devolución y recolección de fármacos o medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá DC. Y se dictan otras disposiciones”. Durante este debate, la secretaria general Susana Muhammad, afirmó que el proyecto es viable si se cambian algunos artículos puesto que se obliga a las secretarías a la implementación de medidas que no son competencias de las mismas. Agregó que el proyecto genera un impacto fiscal en la ciudad, sin embargo por votación se rechazaron las objeciones del Alcalde y el proyecto de acuerdo debe seguir su respectivo trámite.
En la comisión de Gobierno se presentaron varios proyectos de acuerdo enfocados en la población del adulto mayor. Los proyectos iniciativa del Partido de “la U” y de la Alianza Verde buscan generar un espacio de participación y de deliberación en el Distrito Capital para los adultos mayores y apoyar la ejecución y el desarrollo de la política pública de envejecimiento. La concejala Lucía Bastidas (Alianza Verde) afirmó que la creación de estas instancias no soluciona los problemas que afronta esta comunidad y se debe replantear el concepto de participación como tal en Bogotá, pues debe ser cualificada y tener una incidencia real en la problemática.
En la comisión de Hacienda se presentaron dos proyectos de acuerdo de autoría del Polo Democrático Alternativo. El primero, “por el cual se establece en el Sistema Integrado de Transporte Público SITP una tarifa diferencial para los estudiantes del Distrito Capital”, busca reducir la evasión del pago del pasaje y evitar la accidentalidad. Para el año 2015 los beneficiarios de este subsidio serían un total de 269.792 estudiantes con un subsidio neto de $70.820 millones. La administración reglamentaría las normas necesarias para su efectividad, seguimiento y auditoría, determinando los instrumentos a través de los cuales se acreditará a la población beneficiaria. De otro lado, el proyecto “por medio del cual se ordene la emisión y cobro de las estampilla cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1489 de 2011″, busca destinar el recaudo a la construcción de una nueva planta física para la Universidad Pedagógica. Según el rector de la universidad Juan Carlos Orozco “la Universidad Pedagógica tiene falencias en su infraestructura y el proyecto Valmaría, en la localidad de Suba, articularía a la universidad con la ciudad puesto que permitiría la interacción del eje cultural y deportivo del campus con el centro cultural y la biblioteca Julio Mario Santodomingo.
Control Político
Uno de los controles políticos de mayor relevancia que ha llevado a cabo durante este año el Concejo de Bogotá, es el debate a la situación actual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De acuerdo con el concejal Diego García (Alianza Verde) la misión de la Universidad Distrital no se limita a su labor educativa sino también establece la articulación con el Distrito para que de forma mancomunada contribuyan con el desarrollo de la ciudad. García señaló que en los últimos años se han invertido alrededor de 90.000 millones de pesos en diferentes sectores de la universidad pero dicha inversión no se ha reflejado en los estándares de calidad. De igual forma, denunció que en los últimos años el Consejo Superior ha generado 13 reformas, 10 de ellas con el objeto de establecer mecanismos para cambiar los procesos de elección de los mismos miembros del Consejo Superior.
Por su parte el secretario de educación, Oscar Sánchez, afirmó que hace 8 meses renunció al Consejo Superior de la UD debido a que su propuesta de no construir la sede de Bosa por contratación directa sino con una entidad con experiencia como el FONADE no fuera aprobada por el Consejo Superior, y se decidiera continuar con la contratación directa. En este sentido, Sánchez afirmó que la Secretaría de Educación está atada de manos para generar medidas radicales que puedan cambiar el curso de la UD. Finalizando la discusión, el concejal Juan Carlos Flórez (ASI) solicitó una reunión con el Ministerio de Educación y el Presidente para mirar qué medidas políticas se pueden establecer, dado que dos de los puestos del Consejo Superior son entregados por el Gobierno Nacional.
Otro de los debates realizados durante esta semana, estuvo dirigido a la ejecución de la política pública de discapacidad en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana;
de acuerdo con la concejal Lucy Toro (Partido de “la U”), la mayoría de los bogotanos con discapacidad no están incluidos en la oferta institucional para el cumplimiento y goce efectivo del deporte.
Finalmente el programa Bogotá Cómo Vamos rechaza los actos de violencia ocurridos por asesores del Concejo de Bogotá.
