Esta semana el Gobierno anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para regularizar a casi un millón de venezolanos en el país. Esta noticia tiene un impacto para Bogotá.
Según cifras oficiales, la capital registra el mayor número de población venezolana, frente a otras ciudades, con 347.178 personas; de las cuales, 206.473 cuentan con el ‘Permiso Especial de Permanencia’ (PEP). Lo anterior significa que el 41% de los refugiados y migrantes no tendría estatus migratorio, siendo un impedimento para acceder a oportunidades socioeconómicas y desencadenando en posibles líos para la ciudad en general.
Según el estudio de caso de Bogotá de Mixed Migration Centre (2020), la población venezolana se enfrenta a un conjunto de riesgos en la ciudad, que incluyen la discriminación, el acoso y la xenofobia; a menudo asociados con la nacionalidad y la condición migratoria irregular.
La medida anunciada por el Gobierno no es la única solución al tema migratorio en población venezolana; sin embargo, es un nuevo comienzo para conocer la realidad y visibilizar la importancia de la inclusión y la protección de la población migrante; y, en especial, aquellos en situación de vulnerabilidad.
Para Bogotá sigue siendo costoso, por ejemplo, tener altas tasas de informalidad en el mercado laboral o altos niveles de irregularidad en la tenencia de la tierra en los asentamientos informales. Esta es una invitación para que la formulación de política pública siga buscando la integración; de esta manera hablaremos de la generación de capital social de todas las personas que componen un territorio.
Por: Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos.
Columna publicada en Diario ADN, 11 de febrero de 2021.
