Inició en el Concejo de Bogotá el debate de control político sobre “Los Comedores Comunitarios” en la capital, donde los cabildantes los miembros de la administración distrital encargados de ejecutar esta política pública resaltaron su preocupación por la calidad del servicio, el cierre de comedores y el proceso de contratación de operadores encargados de prestar este servicio alimentario.
Durante la sesión el concejal Juan Carlos Flórez (ASI), citante de la proposición afirmó que “sea como se llame la política, es necesario tener un sistema de alimentación en la ciudad, donde los principales beneficiarios son las madres cabeza de familia, los niños y adultos mayores”;
pues según el cabildante aunque este programa presenta grandes dificultades, los comedores comunitarios han contribuido en la disminución de la desnutrición en Bogotá.
De igual manera resaltó que la calidad del servicio no se ha dignificado, pues según un informe presentado por la personería de los 316 comedores comunitarios existentes, el 82% recibió un informe desfavorable al no cumplir con el concepto nutricional y las medidas de salubridad optimas para su funcionamiento pues “en la mayoría de los sitios solo existe un baño para 300 personas”.
En cuanto al cierre de los comedores, el concejal del Partido Verde Antonio Sanguino manifestó su preocupación pues “con el actual cierre de los ocho comedores comunitarios, alrededor de 5.000 personas han quedado desprotegidas de la política de seguridad alimentaria”. Así mismo el concejal Diego García Bejarano (Progresistas) resaltó que “es necesario tener un plan de contingencia cuando se cierra un comedor y mas ahora cuando se realice el cierre de los comedores administrados por los Fondos de Desarrollo Local, los cuales son la mayoría de los comedores existentes”.
Al respecto del proceso de contratación de operadores, el concejal Juan Carlos Florez afirmó que “la Secretaria de Integración Social se ha encargado de vigilar y supervisar el funcionamiento de los comedores, dejando a los operadores el 100% de la prestación del servicio”, por lo cual se ha dado una concentración de contratos en pocas manos, haciendo énfasis en el caso de la Fundación Construyendo con Amor que actualmente opera cuatro comedores comunitarios y fue denunciada en ocasiones anteriores por utilizar estos espacios para vender almuerzos por un valor de $2.500 pesos.
Por su parte la Dr. Teresa Muñoz Secretaria de Integración Social afirmó que este proyecto que se enmarca en el programa “Alimentando Capacidades” presenta muchas falencias, resaltando que “es cierto que no existen criterios para la selección de los operadores, en este momento se creó un comité para establecer dichos criterios y se generó un documento de invitación a participar para nuevos operadores y así mejorar la calidad del servicio”. Así mismo resaltó que las personas que se han visto perjudicadas por el cierre de los comedores, no han quedado desamparadas de la política de seguridad alimentaria, pues se les garantiza el servicio a través canastas alimentarias.
Finalmente señaló que “actualmente se esta realizando una revisión del proyecto en compañía de la Secretaría de Educación, para así realizar un cruce con las estadísticas sobre indigencia y pobreza en la ciudad y garantizar que los comedores lleguen a los lugares donde mas se necesiten”, además confirmó que el nuevo contrato de interventoría tendrá inicio en agosto.
