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Intolerancia urbana

Se mantiene vigente la conversación sobre hechos de intolerancia ocurridos en los últimos días. El homicidio a un menor de edad con arma blanca y las riñas en Transmilenio dan cuenta de las tensiones que se presentan en la cotidianidad y que muestran la violencia empleada en la gestión de los conflictos. Sin embargo, se debe hacer una diferenciación entre intolerancia, que es la incapacidad de aceptar las opiniones o acciones ajenas, y la violencia con rasgos criminales que resultan en lesiones personales y eventualmente en homicidios.

Algunos indicadores reflejan conductas violentas que mal llamamos intolerancia. De enero a septiembre hay un incremento de 354 casos denunciados de lesiones personales, comparado con el mismo periodo de 2021. También hay un aumento en la participación de lesiones personales en las mujeres, pasando de 7150 casos en 2021 (enero-septiembre) a 7413 en 2022 (enero-septiembre). Los sábados en la noche y los domingos en la madrugada son los de mayor ocurrencia de estos incidentes, lo que se asocia con el consumo de alcohol. Así mismo, el grueso de las armas empleadas para las lesiones está en objetos contundentes (47,11%) y sin empleo de armas (44,8%), seguido de armas blancas y armas de fuego.

Buena parte de la sostenibilidad de una urbe parte de la capacidad que tiene de cuidar la vida y la convivencia de sus habitantes, así como promover el derecho del disfrute de la ciudad. Desde Bogotá Cómo Vamos hacemos seguimiento a datos de la evolución de las conductas ciudadanas y su relacionamiento con otros.

Por: Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos

director@bogotacomovamos.org

Columna publicada en Diario ADN, 13 de octubre de 2022 

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Oportunidades y seguridad

¿Quién gana con el conflicto violento que viven Colombia y Bogotá?

Desde hace semanas ha habido noticias del recrudecimiento de la violencia en Colombia y Bogotá no es la excepción. Si bien la ciudad tiene mayor presencia institucional para mantener el estado de derecho, está lejos de escapar de las dinámicas violentas de las disputas del narcomenudeo, extorsiones y contrabando, entre otras fuentes de financiación, de la delincuencia común y organizada de la ciudad. Pero ¿Quién gana con el conflicto violento que viven el país y la capital?, y, aún más importante, ¿quiénes pierden?

Los resultados en materia de seguridad y convivencia en Bogotá son disímiles. Primero, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, julio de 2022 cierra con una reducción en los homicidios cercana al 15 %, ofreciendo un escenario optimista de cara a la posibilidad de cumplir la meta histórica de tener menos de 1.000 homicidios en un año. Sin embargo, lo anterior contrasta con el aumento de homicidios por modalidad de sicariato. Según el estudio sobre sicariato de Futuros Urbanos, que parte de los datos de SIEDCO -PONAL, el 2021 fue el primer año en el que el sicariato (39 %) superó a las riñas (34 %) como principal modalidad de homicidio en Bogotá (comportamiento desde el 2017 hasta el 22 de agosto del presente año) y configura un escenario pesimista frente a la consolidación de esta modalidad como la más frecuente, de mantenerse la tendencia actual.

Al profundizar en la caracterización de los homicidios, el panorama es aún más devastador si observamos la aparente imposibilidad de prevenir y controlar la violencia focalizada en las poblaciones históricas de mayor incidencia, como los jóvenes, y en territorios históricamente golpeados por este flagelo. Para 2021, el 46 % de las víctimas de homicidios estuvieron en el rango de 15 a 29 años, esta concentración no evidencia cambios sustanciales en lo que va del 2022 ni ha presentado cambios relevantes históricamente. Así mismo, 14 UPZ (12,3 %) de las 113 de Bogotá concentraron el 46 % de los homicidios, destacando territorios donde históricamente se presenta esta problemática como: Bosa occidental, Ismael Perdomo y Lucero en Ciudad Bolívar, Corabastos y Patio Bonito en Kennedy, la Sabana en Los Mártires y El Rincón y Tibabuyes en Suba.

De igual forma, en el último informe de la Global Oportunities Youth Network – GOYN encontramos que buena parte de las UPZ arriba mencionadas son las que mayor cantidad de jóvenes con potencial (jóvenes que ni están estudiando, ni están trabajando o que trabajan en la informalidad) concentran. Es así como Tibabuyes, Bosa Central, El Rincón, Lucero e Ismael Perdomo son las UPZ con mayor número de jóvenes con potencial y La Sabana, Lucero nuevamente, Marco Fidel Suárez, Corabastos y Jerusalén son las que mayor porcentaje de jóvenes no están accediendo a oportunidades de formación o de empleo formal. La literatura es extensa cuando se trata de estimar las correlaciones entre estos factores y la violencia, pero valdría la pena hacer el análisis para el caso de la Bogotá actual, sobre todo, abordando la problemática desde la sostenibilidad de una ciudad incapaz de proteger la vida de los jóvenes en el marco de una perspectiva de derechos.

Para responder a las preguntas formuladas al inicio de esta columna: los ganadores son los grupos delincuenciales que reciben rentas criminales y hacen demostraciones de poder a través de torturas y sicariato; y los perdedores, los jóvenes y los territorios históricamente privados de oportunidades.

El llamado es a subir el volumen, la inversión y el seguimiento a las políticas de prevención del crimen y la violencia focalizada en poblaciones en riesgo, territorios y conductas. Así mismo, a promover acciones transectoriales que busquen atender, desde la Administración Distrital, en coordinación con la nación y más allá de las fronteras institucionales y burocráticas, la solución a estas problemáticas.

Por: Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos

director@bogotacomovamos.org

Columna de opinión publicada en periódico EL TIEMPO, 02 de septiembre de 2022