Un concejo de 43 curules


En los meses anteriormente transcurridos, el Concejo de Bogotá ha atravesado diversas crisis políticas debido a la situación legal de algunos de los cabildantes miembros de la corporación. En primer lugar, está el caso del concejal José Juan Rodríguez Rico acusado por la Fiscalía de participar en el “carrusel de la contratación”, y por el delito de interés indebido en presentación de contratos, el concejal se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde hace más de dos meses.

No obstante, el Concejo de Bogotá no se ha pronunciado formalmente sobre la adjudicación de la curul de Rodríguez Rico a la actual Directora de Participación y Democracia del Ministerio del Interior, Lucia Bastidas. A pesar de que la Mesa Directiva de la Corporación en cabeza del concejal Arthur Bernal negó la licencia temporal requerida Rodríguez Rico, la decisión no está en firme y no hay claridad acerca de la asignación de la curul perteneciente al Partido Verde. A propósito lea Una curul sin solución.

Por su parte, Lucia Bastidas demandó al Cabildo Distrital señalando que se están vulnerando los derechos de acceder al cargo de elección popular, tras meses de estar esperando una respuesta del Concejo. La demanda también argumenta que, desde el mismo día en que se dictó medida de aseguramiento para Rodríguez Rico debió declarase la vacancia de la curul y entregarle el cargo.

En segundo lugar, está el caso del exconcejal Andrés Camacho Casado, quien también se encuentra acusado por tener vínculos con el “carrusel” de la contratación y es investigado por irregularidades en convenios con la Unidad de Mantenimiento Vial, el exconcejal fue fuertemente señalado por realizar presuntos preacuerdos con la Fiscalía y asistir al inicio de las sesiones del Concejo de Bogotá a fin de cobrar sus honorarios. La renuncia del exconcejal fue puesta a disposición de la Plenaria la cual definió que era competencia del Alcalde Mayor aceptar o no la renuncia.

Por medio del Decreto 443 de 2013, el Alcalde Mayor aceptó la renuncia de Camacho Casado, sin embargo la asignación de la curul del Partido de la U vuelve a convertirse en un obstáculo para los procesos democráticos y para el desarrollo eficiente de la agenda del Concejo de la ciudad. La siguiente en la lista para reemplazar a Camacho Casado es la exconcejal Liliana de Diago, quien fue acusada por Hipólito Moreno de ser parte del “carrusel” de la contratación.

La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá ha sido fuertemente criticada por los largos periodos de tiempo que ha otorgado a este tipo de procesos, lo cual pone en entredicho la gestión de la corporación, además que mantiene el recinto con 43 concejales, una situación irregular que afecta los procesos internos del Concejo.